El conflicto de Irak

Las víctimas en cifras

 

MADRID. COLPISA

Fallecidos: 191 viajeros muertos en los trenes y el 'geo' Francisco Javier Torronteras, muerto en la inmolación de siete terroristas en Leganés.

Heridos: 1.824 heridos en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia y 18 policías lesionados por la explosión de Leganés.

Pagos adelantados: El Gobierno ya ha entregado más de 60 millones de euros a las víctimas de los atentados como adelanto de las cantidades que fijará la sentencia. La mayor parte de los pagos anticipados, algo más de 10 millones, se ha repartido entre las 70 ó 80 víctimas afectadas con grandes invalideces o incapacidades absolutas, totales o permanentes.

Cantidades: Los herederos de los 192 muertos han recibido 42,7 millones de euros (222.850 euros cada uno) y los heridos 16,7 millones en total.

Previsión judicial: El juez instructor Juan del Olmo calculó que el coste total de las indemnizaciones podría ser de 431,4 millones de euros, de los que 76,8 corresponderían a los 192 muertos y 354,6 serían para los 1.842 heridos.

Daños materiales: Los diferentes peritajes realizados durante la instrucción han tasado en algo más de 22 millones de euros los daños materiales provocados por los atentados de los trenes y la explosión de Leganés. 17,6 millones corresponde a los destrozos en material e instalaciones de Renfe, y los otros 4,4 millones corresponden a la demolición y reconstrucción del edificio de la calle Carmen Martín Gaite donde los terroristas se suicidaron, así como a la reposición de equipamientos municipales, daños a comercios y a vehículos particulares.

Nacionalizaciones: Casi 200 víctimas han sido nacionalizadas. La Policía, por indicación del Ejecutivo, también otorgó permiso de residencia en España a 457 víctimas y a 469 familiares de ellos y expidió otros 932 permisos de residencia por circunstancias excepcionales para 458 para afectados y 474 familiares.

Alejamiento: La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al tribunal que condene a los autores de los atentados a que, una vez que salgan de prisión tras cumplir su condena, tengan prohibido aproximarse por un período de cinco años a las víctimas o a sus familiares.